INVESTIGACIÓN 4: ENFOQUE DE IMPACTO EN INVERSIONISTAS

Antonio Bonilla es uno de más de 150 inversionistas que adquirieron bonos de R.G. Hotels, Inc. a través de una oferta pública autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores y negociada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Hoy, Bonilla y sus copropietarios enfrentan la perspectiva de recuperar apenas una fracción de su inversión, mientras proyectos inmobiliarios prometidos —como el PH Acua Resident— nunca fueron terminados y decenas de compradores pagaron propiedades que no recibieron. Su caso, lejos de ser una anomalía, representa el patrón de afectación que ha convertido a la quiebra de R.G. Hotels en uno de los episodios más devastadores para los pequeños inversionistas en la historia reciente del mercado de valores panameño.

Bonilla relató que su decisión de invertir se basó en la naturaleza pública de la oferta: «En el caso de los bonos fue una oferta que estaba en la bolsa publicada, no fue una empresa privada, por lo que eso significa que todo lo que nos mostraron a nosotros tiene que ser legítimo». Esta percepción —compartida por numerosos inversionistas— refleja una expectativa razonable: que una oferta supervisada por el regulador de valores y negociada en una bolsa de valores cuenta con la debida diligencia de las autoridades competentes.

Sin embargo, Bonilla descubrió que «cuando entraron a trabajar se dieron cuenta de que todo era mentira».

Su reacción fue inmediata: «Nosotros no podíamos participar en un fraude, tenemos que denunciarlo». Esta declaración, atribuida al inversionista, forma parte de un patrón de denuncias que los afectados han presentado ante diversas instancias, aunque el avance de las investigaciones penales no ha sido públicamente reportado.

El abogado Alvin Weeden calculó que los bonos totalizaban 30 millones de dólares y que las garantías en fideicomisos ascendían a unos 9 millones, lo que dejaba un déficit de 21 millones. Esta brecha, sumada a los compromisos totales estimados en 70 millones frente a bienes por menos de 40 millones, genera un recobro proyectado de 0.13 dólares por cada dólar invertido.

Bonilla, sin embargo, considera que las cifras oficiales subestiman el daño. «Por el momento se habla de 70 millones, pero no se ha contado a toda la gente que compraron apartamentos y que están pagando hipotecas, pensando que tenían un área social, lobby y piscina, y en verdad no tienen nada, ni siquiera un acceso a la playa». El inversionista proyecta que las obligaciones totales «van a ser elevadas sobre los 150 millones de dólares». Esta cifra, si bien constituye una estimación no verificada independientemente, ilustra la magnitud del impacto cuando se consideran todas las líneas de negocio afectadas.

Entre los proyectos más afectados se encuentra el PH Acua Resident, una torre residencial prometida por R.G. Hotels que nunca fue construida. Según información contenida en las fuentes consultadas, «muchos clientes invirtieron más de 1,000,000.00 de dólares en lujosos departamentos que se construirían en ese proyecto que jamás cumplieron ni lo terminaron, solo desaparecieron sin dar respuesta».

Este patrón —de compras al contado de propiedades que nunca se materializaron— ha sido reportado también por Revista EYN, que señala que «se conoce de casos de clientes extranjeros que compraron propiedades al contado, pero ahora su estatus es incierto».

A más de una década de la quiebra declarada, el proceso se encuentra paralizado. Revista EYN reportó en 2026 que el «proceso de quiebra de R.G. Hotels está paralizado», sin que se hayan producido distribuciones significativas a los acreedores. El curador del proceso, Dimas Espinoza, nombrado por el juez de la causa, ha liderado al menos una reunión de acreedores en la provincia de Coclé, pero los avances materiales en la recuperación de activos no han sido públicamente reportados.

El impacto humano y financiero de la quiebra de R.G. Hotels trasciende las cifras contables. Más de 150 familias —nacionales y extranjeras— enfrentan la pérdida de ahorros invertidos en instrumentos que contaban con la autorización del regulador de valores. Proyectos inmobiliarios prometidos nunca vieron la luz, y compradores que pagaron al contado no han recibido ni sus propiedades ni sus reembolsos. La parálisis del proceso judicial a más de diez años de los hechos originales deja a los afectados en una situación de incertidumbre que, según sus propias estimaciones, podría involucrar pérdidas superiores a los 150 millones de dólares.