Un crédito aprobado cuando la empresa ya estaba insolvente, con garantías que la ley prohíbe hipotecar, avalado por una junta directiva políticamente designada. El caso es un manual de lo que no debe hacer una institución financiera pública.
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El préstamo que la Caja de Ahorros otorgó a R.G. Hotels en marzo de 2013 no fue solo una mala decisión crediticia. Fue el resultado de una cadena de fallas institucionales que, analizadas en conjunto, revelan cómo una entidad financiera del Estado puede ser utilizada para beneficiar a operadores privados a expensas del erario y de los ciudadanos que depositan su confianza —y sus ahorros— en ella.
Falla 1: La debida diligencia que nunca se realizó
Cuando la Caja de Ahorros aprobó el crédito de $5 millones a R.G. Hotels, la empresa ya arrastraba compromisos financieros considerables. Había emitido bonos y valores por alrededor de $30 millones en el mercado de capitales, administraba múltiples proyectos turísticos e inmobiliarios con estructuras de deuda complejas, y, según el posterior fallo de quiebra retroactiva, ya se encontraba técnicamente en estado de insolvencia desde mediados de 2012.
Una debida diligencia adecuada —la revisión de estados financieros, flujos de caja, cargas sobre los activos y estructura de deuda existente— debería haber detectado estas señales de alerta. La pregunta que la investigación judicial debe responder es si esa revisión se realizó, si sus resultados fueron presentados a la junta directiva y, en caso afirmativo, por qué se aprobó el crédito de todas formas.
Falla 2: La aceptación de garantías ilegales
El segundo error —o irregularidad— es aún más difícil de justificar desde la perspectiva técnica. La Ley de Propiedad Horizontal de Panamá es clara respecto a la naturaleza inalienable de las áreas comunes en proyectos habitacionales. Sin embargo, la Caja de Ahorros aceptó como garantía del crédito precisamente esas áreas —piscinas, lobbies, terrazas, bares— que habían sido segregadas artificialmente en fincas independientes.
El área legal del banco debería haber identificado que esas garantías eran cuestionables. O bien lo identificó y el crédito se aprobó de todas formas, o bien no lo identificó, lo cual evidencia una falla en los procesos de revisión jurídica de las operaciones crediticias.
Falla 3: La composición política de la junta directiva
La aprobación del crédito se produjo durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, cuando la junta directiva de la Caja de Ahorros estaba integrada por personas con vínculos estrechos con el gobierno de turno. Riccardo Francolini presidía esa junta en el momento de la aprobación del crédito.
La existencia de juntas directivas en bancos estatales con composición estrechamente ligada al poder político es en sí misma un factor de riesgo institucional. Cuando las decisiones crediticias se toman en ese contexto, la línea entre la lógica bancaria y los intereses políticos o personales puede difuminarse peligrosamente.
Falla 4: La ausencia de alerta temprana
En los años previos al estallido de la crisis en 2015, no hubo ninguna alerta pública de la Caja de Ahorros sobre el deterioro del crédito a R.G. Hotels. No hubo comunicación a los órganos de supervisión sobre la situación del préstamo. No hubo ninguna señal visible de que el banco estatal reconociera la gravedad del problema que se estaba acumulando.
Esta ausencia de transparencia tiene consecuencias directas para los propietarios de los apartamentos afectados y para los contribuyentes panameños, que son, en última instancia, los dueños colectivos del patrimonio de la banca estatal.
Qué debería cambiar
El caso R.G. Hotels / Caja de Ahorros es una oportunidad —dolorosa, como suelen serlo las que surgen de crisis— para fortalecer la institucionalidad de la banca pública panameña. Entre las medidas que los analistas y abogados consultados por medios nacionales han señalado como necesarias:
- Independencia efectiva de las juntas directivas respecto a la composición del gobierno de turno.
- Publicación de criterios y memorandos de crédito para préstamos superiores a ciertos montos en entidades del Estado.
- Revisión legal independiente obligatoria para cualquier crédito que involucre garantías sobre bienes sometidos a regímenes especiales de propiedad.
- Mecanismos de denuncia interna y protección de alertadores que permitan a los empleados del banco reportar irregularidades sin temor a represalias.
- Rendición de cuentas pública de los miembros de junta directiva que aprueben operaciones que posteriormente resulten en pérdidas para la institución.
La crisis de R.G. Hotels costó, directa e indirectamente, decenas de millones de dólares y afectó a cientos de personas. Que ese costo al menos sirva para construir instituciones más sólidas es la mínima responsabilidad que el sistema tiene con quienes lo pagaron.
Fuentes: La Prensa de Panamá, La Estrella de Panamá, Fiscalía Séptima de Circuito Penal de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
